El estafador de Bitcoin, Qian Zhimin, fue condenado a 11 años en el Reino Unido. Los activos criptográficos por valor de 6.4 mil millones de dólares están pendientes de ser devueltos a los inversores.
La Royal Court of Southwark en Londres dictaminó el 11 de noviembre una condena de 11 años y 8 meses de prisión para la mujer de nacionalidad china, Qian Zhiming (nombre ficticio Zhang Yadi), por su participación en una estafa que utilizó inversiones de miles de millones de dólares para comprar Bitcoin y lavar dinero. Este caso involucró la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Reino Unido: en 2018 se incautaron 61,000 Bitcoins, cuyo valor actual alcanza los 6.4 mil millones de dólares. La asistente de Qian, Seng Hok Ling, también fue condenada a 4 años y 11 meses de prisión, y ambos admitieron cargos relacionados con el manejo de bienes delictivos. La Oficina Nacional de Crimen del Reino Unido está diseñando un plan de compensación para las víctimas, pero miles de inversores chinos que buscan recuperar fondos a través de procedimientos transfronterizos aún enfrentan obstáculos legales y prácticos.
Redes de estafa y rutas de flujo de fondos
La estafa Ponzi ideada por Qian Zhiming entre 2014 y 2017 se extendió por 30 provincias de China, captando fondos mediante la empresa no registrada “Huaying Group” y recaudando 40 mil millones de RMB (aproximadamente 5.6 mil millones de dólares) de 128,000 inversores. La operación se disfrazaba como un proyecto de inversión en infraestructura con respaldo gubernamental, prometiendo retornos mensuales del 2-5%. En realidad, utilizaba un esquema clásico de pagar a los antiguos inversores con fondos de nuevos participantes. Cuando la policía china realizó una inspección en 2017, Qian huyó en motocicleta hacia la frontera chino-mianmarí, usando pasaportes falsos de San Cristóbal y Nieves y exiliando a Reino Unido a través del sudeste asiático.
El proceso de lavado de dinero mostró una división profesional: Qian diseñaba la estructura general del fraude, Seng Hok Ling ayudaba a convertir efectivo en criptomonedas, y un cómplice condenado, Jian Wen (antiguo empleado de un restaurante de comida rápida), ejecutaba compras de Bitcoin y adquisiciones de activos. El análisis en la cadena de bloques revela que los 61,000 Bitcoins se adquirieron principalmente en OTC locales a un costo promedio de aproximadamente 3,200 dólares y luego se dispersaron en más de 400 direcciones de monederos. Estos fondos se usaron para alquilar residencias en Londres, comprar propiedades en Dubái, joyas y artículos de lujo, llegando a gastar 170,000 libras en un solo día en Harrods en 2018.
Procedimientos legales y desafíos en la recuperación de activos
La exitosa recuperación de activos por parte de la policía británica se debió a la colaboración entre varias instituciones: en 2018, un bufete de abogados en Londres detectó pagos en Bitcoin durante una transacción inmobiliaria de 15 millones de libras; la Unidad de Crimen Económico de la Policía Metropolitana rastreó en la cadena de bloques y localizó grupos de monederos; en febrero de 2024, mediante monitoreo de monederos, se detectó a Qian intentando transferir 8.2 Bitcoins, lo que llevó a su arresto en su residencia en Yorkshire. Se incautaron dispositivos digitales con criptomonedas valoradas en 79 millones de libras y una gran cantidad de efectivo y joyas.
La devolución de activos enfrenta tres principales obstáculos legales: en cuanto a jurisdicción, el fraude ocurrió principalmente en China, pero los activos están en el Reino Unido, por lo que se requiere cooperación internacional en materia penal; en la identificación de víctimas, la mayoría de los 128,000 inversores no conservó registros completos de sus inversiones, y algunos fondos podrían provenir de ingresos ilícitos; en la distribución, el valor del Bitcoin ha aumentado desde la confiscación, pasando de 5,800 a 105,000 dólares, generando controversia sobre la propiedad del incremento. La Oficina Nacional de Crimen propone crear un fondo de compensación específico, aunque requiere que los inversores presenten pruebas notarizadas de sus pérdidas, lo cual resulta muy difícil en la práctica.
Resumen de datos clave del caso
Escala de la estafa
Monto involucrado: 40 mil millones de RMB (56 mil millones de dólares)
Número de inversores: 128,000
Duración de la operación: 2014-2017 (3 años)
Retornos prometidos: 2-5% mensual
Resultados judiciales
Pena principal: 11 años y 8 meses (Qian Zhiming)
Pena de cómplice: 4 años y 11 meses (Seng Hok Ling)
Activos confiscados: 61,000 Bitcoins (valor actual 6.4 mil millones de dólares)
Cooperación internacional: China y Reino Unido no tienen tratado de extradición
Evolución de la regulación contra el lavado de dinero en criptomonedas
Este caso marcó un punto de inflexión en la regulación global contra el lavado de dinero en criptomonedas. La Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido implementó la “Regla de Viaje en Criptomonedas”, que exige a todos los proveedores de activos virtuales realizar diligencia debida en transacciones superiores a 1,000 libras, incluyendo la transmisión de información sobre remitentes y destinatarios. La Quinta Directiva contra el lavado de dinero (5AMLD) de la Unión Europea también tomó este caso como referencia, incluyendo a los custodios y exchanges de criptomonedas en la categoría de “entidades obligadas” que deben reportar actividades sospechosas en un registro central.
Estas medidas impulsaron un crecimiento explosivo en las herramientas tecnológicas de cumplimiento. Empresas como Chainalysis y Elliptic reportaron que, para 2025, las compras gubernamentales en análisis de blockchain aumentaron un 230% respecto al año anterior, con énfasis en “detección de mezcladores”, “seguimiento de fondos entre cadenas” y “análisis de mercados en la dark web”. Los bancos también actualizaron sus estándares de control, con HSBC y Barclays implementando sistemas de monitoreo en tiempo real de transacciones en criptomonedas y mecanismos de liquidación con retraso de 72 horas en transferencias desde exchanges principales. Aunque estas medidas incrementan los costos de cumplimiento, mejoran significativamente la detección de fondos ilícitos.
Protección de inversores y estrategias de gestión de riesgos
Para los participantes comunes en criptomonedas, este caso ofrece tres lecciones clave de protección: primero, optar por plataformas reguladas, como las registradas en la FCA, que exigen un capital mínimo de 100,000 libras y auditorías periódicas; segundo, usar monederos multifirma para gestionar grandes cantidades, evitando riesgos de puntos únicos de fallo; y tercero, mantener registros completos de transacciones, incluyendo direcciones de monederos, marcas de tiempo y hashes, para facilitar procedimientos legales futuros.
En la práctica, se recomienda una estrategia de distribución de activos del tipo “tres-tres-diez”: 30% en activos líquidos en exchanges principales, 30% en hardware wallets para autogestión, 30% en custodia profesional, y 10% en seguros. Para quienes invierten en proyectos en el extranjero, es fundamental verificar la regulación y licencias del proyecto, y desconfiar de promesas de rentabilidad fija superior al 12% anual. La Financial Ombudsman Service del Reino Unido reportó que en 2025, el 73% de las quejas relacionadas con criptomonedas estaban vinculadas a esquemas Ponzi, con una tasa de recuperación promedio del 18%.
Conclusión
El caso de Qian Zhiming no solo representa la caída de un criminal, sino también un hito en la maduración de la regulación en criptomonedas. Demuestra que, mediante la cooperación internacional y el monitoreo tecnológico, incluso las operaciones de lavado de dinero en blockchain más ocultas pueden ser rastreadas y sancionadas eficazmente. A medida que los marcos regulatorios globales continúan perfeccionándose, el mercado de criptomonedas avanzará desde un “salvaje oeste” hacia un “mercado regulado”, lo cual sin duda será beneficioso a largo plazo para los inversores legítimos.
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El estafador de Bitcoin, Qian Zhimin, fue condenado a 11 años en el Reino Unido. Los activos criptográficos por valor de 6.4 mil millones de dólares están pendientes de ser devueltos a los inversores.
La Royal Court of Southwark en Londres dictaminó el 11 de noviembre una condena de 11 años y 8 meses de prisión para la mujer de nacionalidad china, Qian Zhiming (nombre ficticio Zhang Yadi), por su participación en una estafa que utilizó inversiones de miles de millones de dólares para comprar Bitcoin y lavar dinero. Este caso involucró la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Reino Unido: en 2018 se incautaron 61,000 Bitcoins, cuyo valor actual alcanza los 6.4 mil millones de dólares. La asistente de Qian, Seng Hok Ling, también fue condenada a 4 años y 11 meses de prisión, y ambos admitieron cargos relacionados con el manejo de bienes delictivos. La Oficina Nacional de Crimen del Reino Unido está diseñando un plan de compensación para las víctimas, pero miles de inversores chinos que buscan recuperar fondos a través de procedimientos transfronterizos aún enfrentan obstáculos legales y prácticos.
Redes de estafa y rutas de flujo de fondos
La estafa Ponzi ideada por Qian Zhiming entre 2014 y 2017 se extendió por 30 provincias de China, captando fondos mediante la empresa no registrada “Huaying Group” y recaudando 40 mil millones de RMB (aproximadamente 5.6 mil millones de dólares) de 128,000 inversores. La operación se disfrazaba como un proyecto de inversión en infraestructura con respaldo gubernamental, prometiendo retornos mensuales del 2-5%. En realidad, utilizaba un esquema clásico de pagar a los antiguos inversores con fondos de nuevos participantes. Cuando la policía china realizó una inspección en 2017, Qian huyó en motocicleta hacia la frontera chino-mianmarí, usando pasaportes falsos de San Cristóbal y Nieves y exiliando a Reino Unido a través del sudeste asiático.
El proceso de lavado de dinero mostró una división profesional: Qian diseñaba la estructura general del fraude, Seng Hok Ling ayudaba a convertir efectivo en criptomonedas, y un cómplice condenado, Jian Wen (antiguo empleado de un restaurante de comida rápida), ejecutaba compras de Bitcoin y adquisiciones de activos. El análisis en la cadena de bloques revela que los 61,000 Bitcoins se adquirieron principalmente en OTC locales a un costo promedio de aproximadamente 3,200 dólares y luego se dispersaron en más de 400 direcciones de monederos. Estos fondos se usaron para alquilar residencias en Londres, comprar propiedades en Dubái, joyas y artículos de lujo, llegando a gastar 170,000 libras en un solo día en Harrods en 2018.
Procedimientos legales y desafíos en la recuperación de activos
La exitosa recuperación de activos por parte de la policía británica se debió a la colaboración entre varias instituciones: en 2018, un bufete de abogados en Londres detectó pagos en Bitcoin durante una transacción inmobiliaria de 15 millones de libras; la Unidad de Crimen Económico de la Policía Metropolitana rastreó en la cadena de bloques y localizó grupos de monederos; en febrero de 2024, mediante monitoreo de monederos, se detectó a Qian intentando transferir 8.2 Bitcoins, lo que llevó a su arresto en su residencia en Yorkshire. Se incautaron dispositivos digitales con criptomonedas valoradas en 79 millones de libras y una gran cantidad de efectivo y joyas.
La devolución de activos enfrenta tres principales obstáculos legales: en cuanto a jurisdicción, el fraude ocurrió principalmente en China, pero los activos están en el Reino Unido, por lo que se requiere cooperación internacional en materia penal; en la identificación de víctimas, la mayoría de los 128,000 inversores no conservó registros completos de sus inversiones, y algunos fondos podrían provenir de ingresos ilícitos; en la distribución, el valor del Bitcoin ha aumentado desde la confiscación, pasando de 5,800 a 105,000 dólares, generando controversia sobre la propiedad del incremento. La Oficina Nacional de Crimen propone crear un fondo de compensación específico, aunque requiere que los inversores presenten pruebas notarizadas de sus pérdidas, lo cual resulta muy difícil en la práctica.
Resumen de datos clave del caso
Escala de la estafa
Resultados judiciales
Evolución de la regulación contra el lavado de dinero en criptomonedas
Este caso marcó un punto de inflexión en la regulación global contra el lavado de dinero en criptomonedas. La Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido implementó la “Regla de Viaje en Criptomonedas”, que exige a todos los proveedores de activos virtuales realizar diligencia debida en transacciones superiores a 1,000 libras, incluyendo la transmisión de información sobre remitentes y destinatarios. La Quinta Directiva contra el lavado de dinero (5AMLD) de la Unión Europea también tomó este caso como referencia, incluyendo a los custodios y exchanges de criptomonedas en la categoría de “entidades obligadas” que deben reportar actividades sospechosas en un registro central.
Estas medidas impulsaron un crecimiento explosivo en las herramientas tecnológicas de cumplimiento. Empresas como Chainalysis y Elliptic reportaron que, para 2025, las compras gubernamentales en análisis de blockchain aumentaron un 230% respecto al año anterior, con énfasis en “detección de mezcladores”, “seguimiento de fondos entre cadenas” y “análisis de mercados en la dark web”. Los bancos también actualizaron sus estándares de control, con HSBC y Barclays implementando sistemas de monitoreo en tiempo real de transacciones en criptomonedas y mecanismos de liquidación con retraso de 72 horas en transferencias desde exchanges principales. Aunque estas medidas incrementan los costos de cumplimiento, mejoran significativamente la detección de fondos ilícitos.
Protección de inversores y estrategias de gestión de riesgos
Para los participantes comunes en criptomonedas, este caso ofrece tres lecciones clave de protección: primero, optar por plataformas reguladas, como las registradas en la FCA, que exigen un capital mínimo de 100,000 libras y auditorías periódicas; segundo, usar monederos multifirma para gestionar grandes cantidades, evitando riesgos de puntos únicos de fallo; y tercero, mantener registros completos de transacciones, incluyendo direcciones de monederos, marcas de tiempo y hashes, para facilitar procedimientos legales futuros.
En la práctica, se recomienda una estrategia de distribución de activos del tipo “tres-tres-diez”: 30% en activos líquidos en exchanges principales, 30% en hardware wallets para autogestión, 30% en custodia profesional, y 10% en seguros. Para quienes invierten en proyectos en el extranjero, es fundamental verificar la regulación y licencias del proyecto, y desconfiar de promesas de rentabilidad fija superior al 12% anual. La Financial Ombudsman Service del Reino Unido reportó que en 2025, el 73% de las quejas relacionadas con criptomonedas estaban vinculadas a esquemas Ponzi, con una tasa de recuperación promedio del 18%.
Conclusión
El caso de Qian Zhiming no solo representa la caída de un criminal, sino también un hito en la maduración de la regulación en criptomonedas. Demuestra que, mediante la cooperación internacional y el monitoreo tecnológico, incluso las operaciones de lavado de dinero en blockchain más ocultas pueden ser rastreadas y sancionadas eficazmente. A medida que los marcos regulatorios globales continúan perfeccionándose, el mercado de criptomonedas avanzará desde un “salvaje oeste” hacia un “mercado regulado”, lo cual sin duda será beneficioso a largo plazo para los inversores legítimos.