Tras casi dos años de advertencias, la Comisión Europea finalmente tomó medidas: impuso una multa de 120 millones de euros a una importante plataforma social bajo la Ley de Servicios Digitales. Esto marca la primera acción de aplicación de este tipo, y el momento no podría ser más interesante.

Lo que resulta especialmente destacable es que este movimiento regulatorio parece haber generado más controversia que cumplimiento. La sanción representa un momento decisivo para la gobernanza de plataformas digitales en Europa, pero la reacción inmediata sugiere que este enfoque regulatorio podría no estar logrando el efecto disuasorio pretendido.

Este caso sienta un precedente sobre cómo los reguladores europeos planean hacer cumplir su normativa digital en el futuro. Queda por ver si otras plataformas ajustarán sus estrategias o se resistirán, pero hay algo claro: la era de las advertencias regulatorias sin consecuencias ha terminado oficialmente.