2025 fue el año de la tokenización | Opinión

Después de escribir sobre la regulación y fiscalidad de los activos digitales desde 2017, nunca pensé que llegaría a escribir este artículo en vida, y mucho menos junto a mi editor, Max Yakubowski, que sigue a mi lado. Así que aquí vamos… 2025 fue un año decisivo para la tokenización del sistema financiero estadounidense y para los activos digitales en general.

Resumen

• La Ley GENIUS de EE. UU. cataliza stablecoins reguladas y totalmente respaldadas; grandes empresas estadounidenses y bancos globales de Europa, Japón y Asia aceleran la emisión, mientras que países desde India hasta Emiratos Árabes Unidos impulsan modelos de stablecoins soberanas o reguladas.
• Los estándares de AML (FATF), reglas BSA/FinCEN de EE. UU., reporte fiscal global CARF (2027–28), y nuevas reglas de divulgación para brókers estadounidenses amplían la supervisión. Sin embargo, la implementación desigual transfronteriza y los regímenes fiscales digitales unilaterales crean inconsistencias regulatorias y fiscales.
• Las diferentes necesidades de AML, fiscalidad y política monetaria impiden un sistema mundial de pagos digitales unificado; los países se resisten a ceder soberanía financiera aunque la tokenización avanza paso a paso a través de marcos nacionales e iniciativas bilaterales o regionales.

La Ley federal GENIUS de EE. UU. creó un marco regulatorio para las stablecoins, exigiendo respaldo de reservas al 100% con activos líquidos y divulgación pública mensual de las reservas. Esta legislación impulsó el crecimiento, con una encuesta que muestra que el 41% de las organizaciones que usan stablecoins reportaron ahorros de costes del 10% o más, principalmente en pagos transfronterizos [¿puedes creerlo, William Quigley, cofundador de Tether (USDT), la primera stablecoin emitida en 2013?].

Grandes empresas financieras estadounidenses como la compañía de la familia del presidente Trump, World Liberty Financial, lanzaron una stablecoin llamada USD1, vinculada al dólar estadounidense y respaldada por bonos del Tesoro de EE. UU., siguiendo el ejemplo de PayPal, considerada la primera gran empresa financiera estadounidense en lanzar una stablecoin, PayPal USD (PYUSD), disponible para un público más amplio.

Varios grandes bancos globales han anunciado planes para explorar o emitir stablecoins, incluido un grupo de diez bancos entre los que figuran Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Citi. También hay un grupo aparte de nueve bancos europeos, incluyendo ING, Barclays y Santander, siguiendo la misma senda. Los tres mayores bancos de Japón, MUFG, Sumitomo Mitsui Financial Group y Mizuho, también planean emitir conjuntamente una stablecoin.

En Hong Kong, el arquitecto técnico de BSN, Red Date Technology, ha explorado formas de dar soporte a stablecoins y monedas digitales de bancos centrales dentro de su ecosistema para pagos e interoperabilidad. Rusia está vinculada a la stablecoin A7A5, una criptomoneda vinculada al rublo diseñada para ayudar a sortear sanciones. India se prepara para lanzar una stablecoin regulada y respaldada por el Estado llamada Asset Reserve Certificate, con un posible lanzamiento en el primer trimestre de 2026. EAU y Arabia Saudí trabajan activamente en una stablecoin conjunta llamada ABER y ya han emitido stablecoins reguladas como parte de sus estrategias nacionales de modernización financiera y economía digital.

Paralelamente, el Senado de EE. UU. estudia un proyecto de ley para establecer un marco que permita a empresas privadas emitir stablecoins, como Walmart, Amazon y Cloudflare, que supuestamente exploran stablecoins corporativas como opción de pago para clientes. Google mantiene conversaciones para integrar stablecoins en sus sistemas de pago, lo que indica una potencial participación futura en este mercado. Se han celebrado conversaciones iniciales con empresas cripto, y Google Cloud ha aceptado pagos en activos digitales y stablecoins, sentando un precedente para la facturación en la nube en cripto. Meta, tras abandonar su proyecto de stablecoin Libra/Diem, estudia la integración de stablecoins de terceros como USDC (USDC) y Tether para reducir costes en pagos a creadores en plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp.

En China, en colaboración con JP Morgan, la división de comercio electrónico transfronterizo de Alibaba está creando un sistema basado en “deposit tokens”, una alternativa conforme a la normativa a las stablecoins tradicionales en China. Empresas tecnológicas indias desarrollan una stablecoin denominada Asset Reserve Certificate. En Japón, la división bancaria de Sony, Sony Bank, lanzará una stablecoin. Una entidad con sede en Alemania llamada AllUnity, una empresa conjunta entre el gestor de activos de Deutsche Bank DWS, Flow Traders y Galaxy, ha recibido la aprobación regulatoria y ha comenzado a emitir una stablecoin denominada en euros. Deutsche Telekom participa en stablecoins a través de alianzas estratégicas e inversiones en empresas de tecnología blockchain como Theta Network y Celo.

Sin embargo, el Consejo de Estabilidad Financiera ha señalado que la implementación regulatoria entre jurisdicciones sigue siendo desigual e inconsistente, con importantes lagunas en la regulación de los acuerdos globales de stablecoins. Lo mismo puede decirse de la gestión por parte de la OCDE del proyecto de fiscalidad digital mediante el desarrollo de una solución de dos pilares para abordar los retos fiscales de la digitalización de la economía, lo que ha llevado a muchos países a aplicar unilateralmente sus propios impuestos sobre servicios digitales, generando potencialmente un sistema fragmentado y disputas comerciales.

Un sistema regulatorio y fiscal global para una estructura financiera globalmente tokenizada

Un sistema de pagos digitales implementado a nivel global afronta importantes obstáculos y se considera en general inviable sin un alto grado de acuerdo regulatorio y fiscal internacional. Las principales razones son:

Leyes contra el blanqueo de capitales:

Cada país tiene soberanía sobre sus sistemas financieros y su moneda. Ha habido una implementación global de normas AML para activos digitales, liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que en 2019 amplió sus estándares AML/CFT para incluir a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, exigiéndoles la implantación de medidas como la debida diligencia del cliente y la “Travel Rule”, que obliga a recopilar y compartir información sobre el originador y el beneficiario en las transacciones. Aunque muchos países han adoptado estas reglas, la implementación continúa y varía entre jurisdicciones, con algunos países aplicando marcos sólidos y otros en proceso de desarrollo.

EE. UU. ha implementado normas AML para activos digitales, principalmente exigiendo a ciertas empresas registrarse en FinCEN y seguir la normativa existente de la Ley de Secreto Bancario. Sin embargo, aún hay legislación propuesta pendiente de aprobación. Los intermediarios de activos digitales como los exchanges y los proveedores de wallets están sujetos a normas que les obligan a realizar verificaciones KYC y cumplir con la “Travel Rule”, que exige la recopilación y transmisión de información identificativa para transacciones por encima de cierto umbral.

Fiscalidad y reporte:

Las leyes fiscales varían considerablemente. Un sistema global requeriría un método universal para rastrear, reportar y remitir impuestos sobre ventas, IVA, impuestos sobre la renta en transacciones y plusvalías a nivel transfronterizo, que actualmente dependen de normas complejas específicas de cada país y una red global de tratados fiscales.

La iniciativa fiscal de la OCDE para activos digitales se centra en el desarrollo del Crypto-Asset Reporting Framework, o CARF, un nuevo estándar global para mejorar la transparencia y el cumplimiento fiscal en cuanto a transacciones con criptoactivos. El CARF se está implementando ampliamente, con más de 60 países, incluyendo la mayoría de las economías del G7 y G20, comprometidos con él. La primera ola de países comenzará a intercambiar datos en 2027, seguida de una segunda en 2028. El marco es una iniciativa global desarrollada por la OCDE para estandarizar el reporte fiscal de transacciones con criptoactivos, exigiendo a los proveedores de servicios de criptoactivos recopilar y reportar información de sus usuarios, como residencia fiscal y números de identificación, a las autoridades fiscales nacionales para el intercambio transfronterizo. El objetivo es proporcionar a las autoridades fiscales los datos necesarios para monitorizar los ingresos por criptoactivos y garantizar el pago correcto de impuestos.

Este año, en EE. UU., las reglas de divulgación fiscal para brókers centralizados exigen que estos reporten las transacciones de clientes al IRS, con nuevas reglas para activos digitales vigentes en 2025. Para ventas en 2025, los brókers deben presentar el nuevo Formulario 1099-DA con los ingresos brutos. Para transacciones a partir de 2026, también deberán reportar el coste ajustado del cliente y, en ciertos casos, podrían verse obligados a aplicar retención fiscal.

Aunque el IRS había finalizado regulaciones para exigir a las plataformas de finanzas descentralizadas reportar transacciones con activos digitales a partir de 2027, el Congreso anuló esas reglas en abril de 2025. Por lo tanto, los brókers DeFi no están actualmente sujetos a estos requisitos específicos de divulgación fiscal, aunque se pretendía que incluyeran el reporte de ingresos brutos en el Formulario 1099-DA, junto con alivio transitorio de sanciones para 2027.

Sin embargo, la obligación fiscal subyacente para los contribuyentes estadounidenses individuales que reportan los ingresos y ganancias mundiales en activos digitales sigue vigente. La responsabilidad de mantener registros precisos y reportar recae en el contribuyente individual estadounidense. Los contribuyentes deben informar cualquier hecho imponible/transacción que implique un activo digital que resulte en una venta o intercambio (por ejemplo, intercambios cripto a cripto, venta de cripto por moneda fiduciaria, uso de cripto para pagar bienes/servicios) al IRS. Y rastrear detalles como la fecha de adquisición, el coste de adquisición (precio original de compra), fecha de disposición y valor de mercado en el momento de cada transacción para calcular las plusvalías o pérdidas.

Si un contribuyente estadounidense posee activos digitales en instituciones financieras extranjeras: FATCA exige a los contribuyentes estadounidenses reportar ciertos activos financieros extranjeros en el Formulario 8938 si su valor supera los $50.000, mientras que FBAR exige reportar el valor agregado de todas las cuentas financieras extranjeras que superen los $10.000 en cualquier momento del año a la Financial Crimes Enforcement Network (Formulario 114).

Política monetaria y estabilidad:

Aunque los sistemas actuales (como SWIFT, redes de tarjetas de crédito y algunas criptomonedas) facilitan pagos internacionales, lo hacen operando dentro del mosaico existente de normativas nacionales y confiando en sistemas bancarios intermediarios, en lugar de existir como un marco global único, unificado y universalmente aceptado.

Un sistema regulatorio universal para activos digitales podría interferir en la capacidad de los bancos centrales para gestionar la política monetaria nacional, controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. Así, la voluntad de adoptar reglas globalmente compatibles para activos digitales se ve obstaculizada por países que suelen ser reacios a ceder el control de su infraestructura financiera a una entidad externa o supranacional.

Lograr el consenso político necesario para una empresa de tal magnitud es un desafío monumental. Sin embargo, poco a poco, los mercados financieros globales se están tokenizando, y el marco regulatorio y fiscal se desarrolla en paralelo para adaptarse a este avance paso a paso.