Las preocupaciones sobre la regulación de la IA y la libertad de expresión están en aumento. Los críticos argumentan que cuando los gobiernos estatales ordenan a los desarrolladores de IA modificar las salidas de los modelos según agendas políticas específicas, se cuestionan los principios fundamentales de la Primera Enmienda. El debate se centra en si la intervención regulatoria que presiona a los desarrolladores para producir resultados sesgados o engañosos en cumplimiento de las directivas estatales cruza los límites constitucionales. Esto plantea cuestiones más amplias sobre quién controla las narrativas del desarrollo de la IA y cómo el exceso de regulación podría ahogar la innovación y las perspectivas diversas en el ecosistema tecnológico.