🇺🇸 Los estados azules acaban de presentar una demanda contra Trump por una tarifa de visa H-1B de 0,000
El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldado por otros 19 estados, ha iniciado una importante demanda contra la administración Trump después de que esta decidiera aumentar las tarifas de las solicitudes H-1B a 0,000 — un movimiento que los críticos dicen que va mucho más allá de lo que el Congreso autorizó alguna vez. Bonta lo expresó claramente: “Ninguna administración presidencial puede reescribir la ley de inmigración.”
Silicon Valley depende en gran medida del talento extranjero altamente cualificado, pero Bonta argumenta que el impacto es aún más profundo: médicos, investigadores, profesores, enfermeros y trabajadores del sector público podrían ser más difíciles de contratar, agravando las ya existentes carencias laborales en varias industrias.
La administración Trump defiende la medida como un esfuerzo de “sentido común” para proteger a los trabajadores estadounidenses y disuadir el “spam” en el sistema, permitiendo al mismo tiempo que las empresas puedan traer talento global de élite. Incluso Trump mismo ha suavizado su tono recientemente, reconociendo que EE. UU. todavía necesita trabajadores especializados.
La Cámara de Comercio de EE. UU. y grupos universitarios ya presentaron sus propias demandas. Ahora, la coalición de Bonta lleva la pelea a la corte federal de Massachusetts.
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🇺🇸 Los estados azules acaban de presentar una demanda contra Trump por una tarifa de visa H-1B de 0,000
El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldado por otros 19 estados, ha iniciado una importante demanda contra la administración Trump después de que esta decidiera aumentar las tarifas de las solicitudes H-1B a 0,000 — un movimiento que los críticos dicen que va mucho más allá de lo que el Congreso autorizó alguna vez. Bonta lo expresó claramente: “Ninguna administración presidencial puede reescribir la ley de inmigración.”
Silicon Valley depende en gran medida del talento extranjero altamente cualificado, pero Bonta argumenta que el impacto es aún más profundo: médicos, investigadores, profesores, enfermeros y trabajadores del sector público podrían ser más difíciles de contratar, agravando las ya existentes carencias laborales en varias industrias.
La administración Trump defiende la medida como un esfuerzo de “sentido común” para proteger a los trabajadores estadounidenses y disuadir el “spam” en el sistema, permitiendo al mismo tiempo que las empresas puedan traer talento global de élite. Incluso Trump mismo ha suavizado su tono recientemente, reconociendo que EE. UU. todavía necesita trabajadores especializados.
La Cámara de Comercio de EE. UU. y grupos universitarios ya presentaron sus propias demandas. Ahora, la coalición de Bonta lleva la pelea a la corte federal de Massachusetts.