Cuando la regulación se entrelaza con los ciclos políticos, los participantes del mercado cambian sus estrategias en consecuencia. En lugar de centrarse en demostrar cómo sus proyectos benefician al ecosistema en general, las empresas redirigen cada vez más recursos para alinearse con los responsables políticos en el poder. Esto crea una dinámica en la que la aprobación de acuerdos depende menos del mérito y más del posicionamiento político.