La transparencia fiscal de los activos criptográficos en la UE avanza un paso más. La última legislación, la DAC8 (Directiva de Transparencia Fiscal de Activos Cripto), entrará en vigor el 1 de enero de 2026, lo que supone un gran movimiento para todas las empresas criptográficas que operan en la Unión Europea.

En pocas palabras, DAC8 amplía el sistema de transparencia fiscal existente en la UE al ámbito de las criptomonedas. Los exchanges, plataformas de custodia y otros proveedores de servicios deben recopilar la información de identidad y las transacciones de los usuarios, y reportarla a las autoridades fiscales de cada país. Lo más duro es que esta información podrá compartirse automáticamente entre los Estados miembros de la UE, lo que hace muy difícil ocultarla.

Lo interesante es que DAC8 no ha surgido de la nada. Está diseñado para complementar la regulación previa de MiCA (Regulación del Mercado de Activos Cripto), pero con una división clara de tareas: MiCA se encarga del acceso al mercado y la protección del consumidor, mientras que DAC8 se centra en el seguimiento fiscal, cerrando las lagunas en la tributación del sector cripto.

Aunque la ley no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026, las empresas ya disponen de un período de transición de seis meses. Todos los proveedores de servicios deben completar antes esa fecha la adaptación de sus sistemas de reporte, la diligencia debida de los clientes y sus controles internos. La demora puede tener un coste elevado: no solo multas, sino que las autoridades fiscales de la UE podrán confiscar y embargar activos criptográficos relacionados con impuestos no pagados, incluso en el extranjero.

Para los usuarios, esto significa que cada movimiento en el mercado cripto quedará registrado. Comprar, vender, transferir… la capacidad de colaboración de las autoridades fiscales se incrementa notablemente. Por eso, tanto las plataformas como los inversores deben empezar a tomarse en serio la conformidad ahora, antes de que lleguen las multas y se arrepientan.