Recientemente, el gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva política: prohibir que las grandes instituciones inviertan en casas unifamiliares para alquilar. En realidad, esto no es una idea nueva; candidatos anteriores a la presidencia ya habían propuesto algo similar.

El contexto es el siguiente: después de la crisis de las hipotecas subprime, Wall Street comenzó a comprar viviendas en gran escala para alquilarlas. Aunque actualmente la inversión institucional solo representa el 2-3% del mercado de viviendas, la tendencia de crecimiento no es lenta. Si esta política se implementa realmente, el blanco principal serán estos inversores institucionales.

Pero aquí surge un problema: las empresas relacionadas seguramente reaccionarán. Podrían presentar demandas alegando "dañar el libre mercado" o "violar los derechos de propiedad privada". No se puede predecir cuánto durará esta batalla legal ni cuál será su resultado.

Si el Congreso logra aprobar una legislación que apoye realmente, la fuerza de ejecución sería mucho mayor. De lo contrario, solo con órdenes ejecutivas, el efecto será limitado.