La administración está movilizando una intervención significativa: $200 mil millones en compras de bonos hipotecarios a través de las principales entidades de financiamiento de viviendas. La medida señala una respuesta directa a los costos de vivienda en aumento que siguen afectando la asequibilidad. A medida que las tasas hipotecarias y los precios de las viviendas permanecen elevados, estas medidas fiscales podrían redefinir la dinámica de los préstamos y la disponibilidad de crédito en todo el mercado.