MSCI ha cambiado de opinión. Antes planeaba excluir de sus índices a las empresas de bonos gubernamentales que poseían grandes cantidades de activos digitales, pero ahora ha decidido posponer esa medida y en su lugar iniciar un proceso de evaluación más exhaustivo. El objetivo es claro: aquellas empresas que en sus balances tengan Bitcoin u otros activos no operativos, que no formen parte del negocio tradicional. Este cambio de postura ha impulsado inmediatamente las acciones de las empresas relacionadas. Sin embargo, los analistas del sector han puesto un freno: no se emocionen demasiado, la controversia sobre la elegibilidad para los índices aún no está resuelta. La actitud indecisa de MSCI refleja en esencia un problema mayor: cómo los principales sistemas de índices definen y aceptan las posiciones en activos criptográficos, ya que en todo el mundo todavía no existe un estándar unificado. Es posible que esta lucha apenas esté comenzando.