Los bitcoins en exchanges pueden ser confiscados, decide la Corte Suprema de Corea del Sur

Fuente: PortaldoBitcoin Título original: Las Bitcoins en exchanges pueden ser confiscadas, decide la Suprema Corte de Corea del Sur Enlace original: La Suprema Corte de Corea del Sur decidió que las Bitcoins mantenidas en exchanges de criptomonedas pueden ser confiscadas de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal del país, poniendo fin a una acción judicial iniciada por un sospechoso en una investigación de lavado de dinero.

La decisión confirma que los activos digitales almacenados en exchanges califican como objetivos de confiscación durante investigaciones criminales, incluso si no existen físicamente.

Corea del Sur posee una de las mayores tasas de posesión de criptomonedas en el mundo. En marzo de 2025, más de 16 millones de personas — aproximadamente un tercio de la población — tenían cuentas de criptomonedas en los principales exchanges del país.

El caso se originó en la confiscación, por parte de la policía, de 55,6 Bitcoins, valorados en aproximadamente 600 millones de won coreanos (US$ 413.000) en ese momento, de una cuenta en un exchange perteneciente a un individuo identificado solo como Sr. A. Los activos fueron confiscados como parte de una investigación de lavado de dinero.

El Sr. A posteriormente presentó una solicitud de reconsideración, alegando que las Bitcoins mantenidas en una cuenta de exchange no podrían ser confiscadas por no considerarse un “objeto físico” según los términos del Artículo 106 del Código de Procedimiento Penal. Esta disposición permite a las autoridades confiscar pruebas o artículos sujetos a decomiso si se reconocen como relacionados con un caso criminal.

El Tribunal Distrital Central de Seúl rechazó la solicitud, decidiendo que la confiscación era legal. El Sr. A entonces presentó un nuevo recurso ante la Suprema Corte en diciembre.

En su decisión final, la Suprema Corte rechazó el argumento de que las Bitcoins no encajan en el ámbito de la ley de confiscación. “De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, los objetivos de confiscación incluyen tanto objetos tangibles como información electrónica”, afirmó el tribunal.

El tribunal añadió que las Bitcoins, “como un token electrónico con la capacidad de ser gestionado, negociado y controlado de forma sustancial de manera independiente en términos de valor económico”, califican como un activo que puede ser confiscado por tribunales o agencias de investigación.

“La decisión en este caso, que confiscó Bitcoins en nombre del Sr. A, gestionados por un exchange de activos virtuales, es legal, y no hay error en la decisión del tribunal inferior de denegar la reconsideración”, afirmó la sentencia.

La decisión está en consonancia con una serie de decisiones judiciales anteriores de Corea del Sur que trataron las criptomonedas como propiedad o activos. En 2018, la Suprema Corte decidió que el Bitcoin es un bien intangible con valor económico y puede ser confiscado si se obtiene mediante actividad delictiva. En ese mismo año, los tokens criptográficos fueron reconocidos como bienes divisibles en procesos de divorcio.

En 2021, el tribunal aclaró además que el Bitcoin constituye un activo virtual que incorpora valor económico y se considera un derecho patrimonial bajo la ley penal.

Otras jurisdicciones han adoptado enfoques similares, clasificando los activos digitales como propiedad para fines legales y de ejecución. Recientemente, el Reino Unido aprobó una legislación que reconoce formalmente los activos digitales como propiedad, otorgándoles el mismo estatus legal que las formas tradicionales de propiedad. La ley busca proporcionar orientaciones más claras para los tribunales que manejan casos relacionados con robo, herencia e insolvencia vinculados a criptoactivos.

La legislación se basa en recomendaciones de órganos jurídicos nacionales y proporciona respaldo legal a principios jurídicos que habían sido desarrollados previamente mediante el derecho consuetudinario.

Estas medidas tienen como objetivo mejorar la claridad y la aplicación de la ley en casos que involucren activos digitales, particularmente en lo que respecta a los beneficios de actividades delictivas y la recuperación de activos.