Batalla legal alrededor de Pump.fun: 15 mil mensajes de chat revelan la realidad del mercado de criptomonedas

Cuando soñar con un beneficio de 100 veces se convierte en la norma, las demandas judiciales esperan su turno. El caso contra Pump.fun y el ecosistema de Solana no es solo otro escándalo cripto, sino una demanda civil que se desarrolla ante nuestros ojos.

De micro-pérdidas a la infame conspiración

La historia comenzó modestamente. El 16 de enero de 2025, el inversor Kendall Carnahan acudió a los tribunales tras perder 231 dólares en el token $PNUT. Dos semanas después, Diego Aguilar presentó otra demanda, pero con un espectro más amplio de reclamaciones: sus pérdidas afectaban a varios meme-okens. La jueza Colleen McMahon del Distrito Sur de Nueva York rápidamente reconoció: ¿por qué considerar por separado lo que en esencia es lo mismo?

El 26 de junio, ambos casos se unieron oficialmente. En lugar de Carnahan y Aguilar, entró Michael Okafor, la persona con mayores pérdidas — aproximadamente 242,000 dólares. Tal elección fue lógica según la Ley de Reforma de Demandas Privadas (PSLRA): el demandante principal debía ser quien sufriera el mayor daño.

Pero todo realmente empezó después de esta unión. El 23 de julio, los demandantes presentaron una queja ampliada que cambió radicalmente la naturaleza del caso. Se añadieron a los acusados Solana Labs, la Fundación Solana y su dirección, así como Jito Labs — actores clave del ecosistema.

Los tres pilares de la red

Los demandantes relataron una historia de conspiración que consta de tres partes. Pump.fun actuaba como plataforma, Solana proporcionaba la infraestructura blockchain, y Jito — herramientas para extraer valor (MEV). Juntos conforman un sistema que parece descentralizado, pero en realidad está controlado.

Según los documentos judiciales, la integración técnica entre estos actores fue mucho más allá de una simple asociación. Los demandantes afirmaron que cientos de mensajes entre los equipos prueban coordinación, especialmente en torno al uso de Jito bundles para el front-running. Los insiders, conocedores de estos “truquitos”, pagaban comisiones adicionales para priorizar sus órdenes — mientras los usuarios comunes permanecían en su lugar.

Acusaciones centrales: de papeles a RICO

El caso avanza en varias direcciones. Primero, los demandantes consideran que todos los meme-tokens lanzados en Pump.fun son valores no registrados — exactamente según la definición del Howey Test. Este estándar legal, establecido por la Corte Suprema de EE. UU. en 1946, define un contrato de inversión como un acuerdo en el que una persona invierte dinero en una empresa conjunta con la expectativa de ganancias derivadas de los esfuerzos de terceros. Si un token cumple con esta prueba, debe registrarse en la SEC y divulgar información.

En segundo lugar, los demandantes calificaron a Pump.fun como un “casino de Meme-okens” — sin licencias, sin KYC, sin procedimientos AML. La plataforma obtenía una comisión del 1% en cada operación, similar a un casino que gana dinero con cada apuesta.

En tercer lugar, fraude mediante medios electrónicos. La publicidad de un “lanzamiento justo” sin ventas previas contradecía la integración de Jito. Era una manipulación — la apariencia de justicia encubría la realidad de las ventajas de los insiders.

Lo más destacado, los demandantes presentaron cargos bajo RICO — la ley federal contra la delincuencia organizada. En agosto, describieron a tres empresas como una “organización extorsionista” que operaba bajo la máscara de la innovación.

Las pruebas llegan en silencio, pero con peso

El momento decisivo llegó en otoño. Un “informante secreto” entregó a los abogados de los demandantes aproximadamente 5000 mensajes internos. Luego, el 21 de octubre, llegó una segunda tanda — más de 10,000 mensajes y materiales.

Estos chats, según se afirma, describen en detalle: la coordinación técnica entre Pump.fun y Solana Labs, la integración de las herramientas MEV de Jito, discusiones sobre “optimizaciones” en los procesos comerciales (los demandantes consideran esto un eufemismo para manipulaciones). Los abogados declararon que los materiales “revelan una red de fraude cuidadosamente planificada” — esto pasó de suposiciones a, si no pruebas directas, al menos fundamentos sólidos para su consideración.

El volumen de trabajo fue enorme. El 9 de diciembre, el tribunal permitió presentar una segunda demanda modificada, pero los abogados necesitaban tiempo para revisar, clasificar, traducir y analizar 15,000 chats. El 11 de diciembre, la jueza McMahon extendió el plazo hasta el 7 de enero de 2026.

El silencio como táctica

Mientras tanto, el mercado contaba su historia en cifras. El volumen semanal de comercio en Pump.fun cayó desde su pico en enero — 3.3 mil millones de dólares — hasta 481 millones. Más del 80% de reducción. El precio de PUMP cayó a 0.0019 dólares, aproximadamente un 78% de su máximo.

El mercado cripto lo interpretó como parte de un ciclo de caída, pero las pistas de fondo eran otras. El cofundador Alon Cohen desapareció de las redes sociales. Los líderes de Solana y Jito guardaron silencio públicamente.

Lo único que no se detuvo fue la recompra. Pump.fun continuó comprando tokens diariamente, acumulando 216 millones de dólares en recompras — aproximadamente el 15.16% de la oferta circulante.

Preguntas que quedan abiertas

A principios de 2026, el caso entra en una nueva fase. Varias incógnitas importantes permanecen en la sombra:

¿Quién es exactamente este informante? ¿Un ex empleado, un competidor, un regulador? ¿Qué contiene realmente en los 15,000 chats — pruebas genuinas de conspiración o conversaciones comerciales sacadas de contexto? ¿Cómo se defenderán Solana, Jito y Pump.fun?

El debate sobre descentralización, justicia e integración del mercado cripto ya ha trascendido la teoría. Los documentos judiciales, las palabras de los demandantes y el silencio de los acusados crean un retrato: ¿es Pump.fun simplemente una plataforma, o una máquina diseñada para extraer dinero de los inversores desprevenidos en beneficio de unos pocos elegidos?

Las respuestas deben llegar a partir del 7 de enero.