La comprensión del concepto de «subir a la cadena» en el ámbito de las criptomonedas todavía es muy superficial, para ser honestos.

La gente habla de «ser adoptado», que no es más que tener transacciones, que alguien lo use, que haya despliegues. Pero en realidad, solo hay una línea divisoria en el mundo financiero: ¿esta cadena se atreve a ser incluida en un contrato?

No es un whitepaper, ni una hoja de ruta, sino un tipo de contrato con validez legal, que no se puede modificar ni retirar.

Una vez que esto sucede, las reglas del juego cambian.

¿Y por qué? Porque un contrato significa que ya no puedes decir «esto es solo un experimento», «el riesgo es propio», para justificarte. El contrato inmediatamente se relaciona con tres leyes inquebrantables: si el sistema lo activa, debe ejecutarse; si aparece un resultado, debe poder explicarse; si la explicación no se sostiene, hay que asumir las consecuencias.

Desde esta perspectiva, la mayoría de las cadenas públicas en realidad no son adecuadas para este mundo. No porque su tecnología no sea lo suficientemente avanzada, sino porque su diseño inicial es diferente. Por defecto, aceptan que las reglas puedan cambiarse en cualquier momento, que las acciones puedan ajustarse mediante actualizaciones, y que las responsabilidades puedan diluirse mediante votaciones. Esta lógica fue muy razonable en los primeros días de Web3, pero—

El mundo de los contratos requiere exactamente lo contrario.

Un contrato necesita límites de comportamiento estables, predecibles e inalterables. Después de firmarlo, no puedes decir «en la próxima versión se optimizó», ni tampoco puedes lanzar una excusa como «la comunidad votó». Lo que importa en un contrato es un hecho: las reglas que se escribieron originalmente, ¿se han cumplido tal cual?

Desde esta perspectiva, muchas cadenas públicas que se enorgullecen de su flexibilidad para actualizaciones y su democracia en gobernanza, en realidad se convierten en desventajas frente a los contratos. Porque esas características son precisamente promesas de «se puede cambiar», y lo que más odian los contratos son precisamente esas promesas.