La Corte Suprema de Corea del Sur dicta que: los bitcoins en posesión de los exchanges pueden ser embargados legalmente

Fuente: PortaldoBitcoin Título original: Las bitcoins en exchanges pueden ser confiscadas, decide la Suprema Corte de Corea del Sur Enlace original:

Antecedentes

La Suprema Corte de Corea del Sur ha decidido que las bitcoins almacenadas en exchanges de criptomonedas pueden ser incautadas de acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal del país, poniendo fin a una demanda presentada por un sospechoso en una investigación de lavado de dinero.

La decisión fue inicialmente divulgada por Chosun Ilbo, confirmando que los activos digitales almacenados en exchanges cumplen con los requisitos para ser objeto de incautación durante una investigación penal, incluso si estos activos no existen físicamente.

Detalles del caso

Corea del Sur es uno de los países con mayor porcentaje de posesión de criptomonedas en el mundo. Hasta marzo de 2025, más de 16 millones de personas — aproximadamente un tercio de la población — tenían cuentas de criptomonedas en los principales exchanges del país.

El caso surgió a partir de la incautación por parte de la policía de 55.6 bitcoins, valorados en aproximadamente 600 millones de wones coreanos (unos 41.3 millones de dólares), provenientes de una cuenta personal del señor A en un exchange. Estos activos fueron confiscados como parte de una investigación de lavado de dinero.

El señor A presentó posteriormente una solicitud de reconsideración, argumentando que los bitcoins almacenados en su cuenta en el exchange no podían ser incautados porque no cumplen con la definición de “bien tangible” en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Penal. Este artículo permite a las autoridades incautar evidencias o bienes sujetos a confiscación en relación con un caso penal.

El Tribunal Central de Seúl rechazó la solicitud, dictaminando que la incautación era legal. Posteriormente, en diciembre, el señor A presentó un recurso de apelación ante la Suprema Corte.

Decisión de la Suprema Corte

En su fallo final, la Suprema Corte rechazó el argumento de que los bitcoins no están dentro del alcance de la ley de incautación. El tribunal afirmó: “De acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal, los objetos de incautación incluyen tanto bienes tangibles como información electrónica.”

El tribunal añadió que, como “una moneda electrónica con gestión, transacción y control sustancial en términos de valor económico”, los bitcoins cumplen con los requisitos para ser bienes que pueden ser incautados por un tribunal o una autoridad investigadora.

“En este caso, la decisión de incautar los bitcoins gestionados en nombre del señor A por un exchange de activos virtuales es legal, y la decisión de los tribunales inferiores de rechazar la solicitud de reconsideración no es errónea”, afirmó la sentencia.

Precedentes legales

Esta decisión está en línea con una serie de fallos judiciales previos en Corea del Sur que consideran las criptomonedas como propiedad o activos. En 2018, la Suprema Corte dictaminó que los bitcoins son bienes intangibles con valor económico, susceptibles de confiscación si se obtienen mediante actividades delictivas. Ese mismo año, los tokens criptográficos fueron reconocidos como bienes divisibles en procesos de divorcio.

En 2021, el tribunal aclaró además que los bitcoins constituyen activos virtuales con valor económico y son considerados derechos de propiedad en el ámbito del derecho penal.

Tendencias globales

Otras jurisdicciones han adoptado enfoques similares, clasificando los activos digitales como propiedad para fines legales y de ejecución.

El mes pasado, el Reino Unido aprobó una legislación que reconoce los activos digitales como propiedad, otorgándoles la misma condición legal que las formas tradicionales de propiedad. La ley busca proporcionar una guía más clara a los tribunales para casos relacionados con robo, herencias y bancarrotas que involucren activos criptográficos.

La legislación británica, basada en recomendaciones del Law Commission de Inglaterra y Gales, respalda principios legales desarrollados previamente por la jurisprudencia común.

Estas medidas buscan mejorar la claridad y la aplicabilidad de la ley en casos que involucren activos digitales, especialmente en lo que respecta a la recuperación de activos y la lucha contra delitos relacionados.