La Corte Suprema de Corea del Sur ha dictado una sentencia que redefine completamente la posición legal de los activos criptográficos. Finalmente, se ha resuelto la cuestión pendiente: las bitcoins que existen en las cuentas de los exchanges pueden ser confiscadas legalmente a partir de ahora.

La situación fue la siguiente. Durante una investigación por lavado de dinero, la policía confiscó 55.6 bitcoins de la cuenta de un sospechoso en un exchange, con un valor de mercado de aproximadamente 600 millones de wones coreanos (unos 41.3 millones de dólares). El sospechoso no estuvo de acuerdo y llevó el caso a los tribunales. Su argumento parecía razonable: según el artículo 106 del Código de Procedimiento Penal, los objetos confiscados deben ser «bienes tangibles». Como las bitcoins son información digital pura y no tienen forma física, ¿cómo se pueden confiscar?

Este caso fue llevado desde el Tribunal de Distrito de Seúl hasta la Corte Suprema. Finalmente, la Corte Suprema emitió una decisión clara: no están de acuerdo.

La lógica del tribunal fue sencilla. Aunque las bitcoins no son visibles ni palpables, pueden gestionarse de forma independiente, negociarse y tienen un valor económico real, lo que cumple con la definición de «activo» en el derecho penal. La clave está en la «capacidad de control económico» — mientras el objeto tenga valor y pueda ser controlado, que sea digital o físico no es un problema.

El razonamiento detrás de esta sentencia también es fácil de entender. Si por su naturaleza digital se excluyera a los activos criptográficos del alcance de la confiscación, los beneficios ilícitos tendrían un refugio natural. Claramente, esa no es la intención legislativa. La decisión de la Corte Suprema de Corea del Sur en esta ocasión equivale a incluir oficialmente a los activos criptográficos en la protección del sistema penal. Para toda la industria, esto representa un gran avance en el reconocimiento legal.